Planta de purines de Valderrobres

DGA adjudica la gestión de la planta depuradora de purines de Valderrobres a Bioselval, participada por Grupo Arcoiris

La consejería de Agricultura concede la explotación de una instalación en la que el Gobierno de Aragón invirtió 8 millones de euros en 2010 y que nunca llegó a funcionar.

Inicio del fin del problema de los excesos de purín en el Matarraña. La consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha otorgado la gestión de la planta de purines de Valderrobres a la empresa Bioselval Medioambiental. Se trata de una sociedad participada por Grupo Arcoiris así como por varias empresas con experiencia en la gestión de purines y la generación de biogas.

Esta adjudicación permitirá, al fin, poner en marcha en los próximos meses unas instalaciones que costaron más de 8 millones de euros al Gobierno de Aragón en 2010 y que nunca llegaron a funcionar. Gracias a la apuesta de Grupo Arcoiris y del resto de empresas que conforman Bioselval, la actividad de esta millonaria instalación permitirá mitigar y, en muchos casos, solventar el problema de contaminación de nitratos que padecen varias zonas del territorio.

El objetivo de Bioselval es la gestión y valorización de residuos, diseño, construcción y operación de proyectos e infraestructuras para la valorización energética de residuos orgánicos y la producción y comercialización de biogas-biometano y energía eléctrica a través del purín y de los estiércoles que se irán depositando en la planta. De igual modo, se elaborará abono orgánico destinado a superficies de regadío. La oferta de Bioselval fue la ganadora de entre cuatro propuestas que concurrieron al concurso de gestión y externalización de la planta. La puntuación técnica fue, con diferencia, la más elevada de las 4 propuestas presentadas. Asimismo, concurrió sin una baja económica.

El objetivo es poder vender y comercializar el biogas. Por su parte se ha establecido un precio de dos euros por cada metro cúbico que los productores aporten y depositen en la planta. La tan ansiada adjudicación de la planta se produce después de que se convocase el concurso de gestión de las instalaciones en febrero de este mismo año. Todo ello después de que el grupo agroalimentario Arcoiris estableciese como una de sus principales prioridades la inversión medioambiental.

Para ello invertirá en los próximos años 2 millones de euros que destinará, de forma exclusiva, en el aspecto medioambiental. En este capítulo de inversión se contempla, además de la puesta en marcha de esta planta de purines, la construcción de varias balsas de almacenaje. «Tenemos, como una de nuestras prioridades, las inversiones enfocadas al ámbito medioambiental, por ello hemos apostado por poner en marcha esta planta de depuración que para nosotros será sin duda un reto. Pensamos que será muy positivo para el territorio», explicó Juan José Moles, director de Grupo Arcoiris.

Histórica reivindicación

Con la puesta en marcha de la planta de depuración de purines de Valderrobres se pone fin a una histórica reivindicación del territorio. En los más de 10 años que la planta de la capital del Matarraña lleva finalizada, apenas ha habido avances encaminados a que estas instalaciones pudiesen funcionar para el objetivo con el que fueron diseñados. Cabe recordar que tanto la planta valderrobrense como la de Peñarroya de Tastavins, se diseñaron con el objetivo de generar electricidad a través del biogas. Sin embargo la retirada de las primas a la energía obtenida con combustibles renovables hizo inviable económicamente la puesta en marcha de estas instalaciones.

Mientras tanto, en todos estos años, el problema se ha agravado y las normativas son cada vez más severas. Cabe recordar que la última modificación de la normativa que regula las denominadas Zonas Vulnerables incluyó bajo esta denominación a buena parte de la comarca del Matarraña, estableciendo severas restricciones al uso del purín como abono orgánico y estableciendo dificultades a la hora de ampliar las explotaciones ganaderas existentes. En el caso de la planta de Peñarroya de Tastavins, que costó 6 millones de euros, sí que llegó a funcionar. Pero tan solo dos años después de su puesta en marcha tuvo que clausurarse debido a este mismo motivo económico derivado de la decisión política.